Podemos afirmar sin rodeos que el índice ponderado de felicidad social y calidad de vida de los españoles vuelve a retroceder en 2025. Este índice, elaborado por el Observatorio de Intangibles y Calidad de Vida (OICV), es de tipo subjetivo y mide las percepciones reales sobre el entorno residencial, familiar, laboral y económico.
El estudio anual recoge los factores sensibles al bienestar social, como la oferta de servicios públicos, integración social, política de vivienda, planificación urbana, gestión y gobernanza, unidos a cuestiones coyunturales como las crisis sanitarias o económicas.
El dato es claro: 7,17 sobre 10, dos décimas menos que en 2024 y medio punto por debajo del máximo alcanzado en 2020. Detrás del descenso aparece un triángulo muy reconocible: precio de la vivienda, corrupción e integración social. A estos tres pilares se suman dos fenómenos que erosionan estructuralmente nuestro bienestar: el edadismo digital, visible para tres de cada cuatro españoles en una población que envejece, y la soledad no deseada, que afecta al 40 % de los jóvenes adultos menores de treinta años.
El muro que crece cada año
España vive un momento crítico en el mercado inmobiliario. En Baleares, Madrid y Cataluña los precios han superado ya los de la burbuja de 2008. No se trata de un vaivén coyuntural, es un problema que atraviesa la vida de miles de familias.
¿Qué implica esto para la sociedad? El acceso a la vivienda se ha convertido en un desafío insalvable para jóvenes, parejas que quieren emanciparse y clases medias que ven cómo su alquiler sube año tras año, mientras una hipoteca se convierte en un sueño imposible. El resultado es conocido: más precariedad, expulsión de residentes hacia zonas periféricas y pérdida progresiva de estabilidad.
La falta de intervención pública, la caída en la oferta privada, la presión de la demanda, las tensiones inflacionistas en el mercado de alquiler y el auge de los alojamientos turísticos en grandes ciudades y áreas costeras componen un cóctel que genera desigualdad y vulnerabilidad.
En el estudio para 2025 los residentes valoran la relación entre precio, ubicación y calidad de la vivienda cerca del mínimo posible: apenas una puntación de 1 sobre 10 en las zonas más tensionadas. Solo aprueban Extremadura, La Rioja y algunas áreas de baja presión demográfica y turística en Castilla y León y Castilla-La Mancha. La España rural despoblada sigue sin consolidarse como alternativa residencial, más allá del refugio temporal que ofreció durante los meses más duros de la pandemia.
Turismo: ¿impulso económico o amenaza?
El turismo se ha convertido en el motor económico de muchas zonas costeras y de interior, transformando su paisaje urbano y social. Sin embargo, detrás de las cifras récord de visitantes y los titulares sobre crecimiento económico surge una pregunta clave: ¿cómo afecta realmente esta actividad a la calidad de vida de quienes habitan estos destinos?
Por un lado, el turismo trae consigo beneficios indiscutibles. Genera empleo, impulsa la inversión en infraestructuras y mejora servicios que también disfrutan los residentes. Además, la interacción con visitantes fomenta la apertura social y el intercambio cultural, enriqueciendo la identidad local.
No todo es positivo. De media, el 30 % de los residentes ponen un suspenso a su relación con el turismo, llegando al 50 % en regiones tensionadas como Baleares, Cataluña o Cantabria.
La llegada masiva de turistas en temporada alta tensiona los recursos básicos: hospitales saturados, transporte colapsado y servicios públicos al límite. A esto se suma el encarecimiento de la vivienda en propiedad y en alquiler, la pérdida de espacios comunitarios y el deterioro ambiental, que amenaza tanto la biodiversidad como la esencia cultural de las ciudades. El resultado puede ser una paradoja: mientras la economía florece, la vida cotidiana se complica.
La clave está en la planificación. Un turismo sostenible, que regule el uso del suelo, proteja el medio ambiente y escuche a la comunidad, puede equilibrar la balanza. Sin estas medidas, el riesgo es evidente, aquello que atrae a los turistas puede acabar expulsando a quienes habitan esos lugares por el bloqueo al acceso de vivienda y de servicios de transporte.
La exclusión tecnológica sigue siendo un problema
Vivimos en una sociedad sostenida relacionalmente por la infraestructura digital. La tecnología conecta, pero abre nuevas brechas. A las desigualdades clásicas, como la salarial de género, se suman otras de naturaleza digital.
El edadismo digital reduce la calidad de vida de las personas mayores. La exclusión tecnológica no es un inconveniente menor, pues implica problemas para acceder a servicios, sentirse desorientados, perder autonomía y caer en situaciones de aislamiento social. El umbral crítico aparece en torno a los 75 años.
Y no están solos. La soledad no deseada alcanza niveles alarmantes entre los jóvenes menores de 30 años. De este modo España, en 2025, convive con dos polos de soledad que crecen a la vez.
A ello se suma un clima social complejo. La polarización política y la mala gestión pública generan incertidumbre y minan la confianza ciudadana. La falta de políticas de integración, la inmigración de baja cualificación y las grietas en el mercado laboral están creando nuevos guetos urbanos de pobreza y exclusión.
El IX informe Fundación FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España (informe Cáritas 2025) pone de manifiesto una situación de profunda fragmentación social y aumento de la exclusión, con 9,4 millones de personas en riesgo de pobreza.
La llamada clase media se ha reducido sustancialmente, ampliándose las brechas sociales. Aunque se ha incrementado el salario mínimo, se está produciendo un efecto nivelación a la baja del salario medio en los trabajos cualificados que empeora la capacidad adquisitiva.
Corrupción en la Comunitat Valenciana
Además, la corrupción provoca una separación entre clase política y sociedad, lo que resulta en las peores valoraciones del estudio en 2025. La Comunitat Valenciana presenta hoy los valores más críticos, después de haber encabezado el ranking en 2024, ejercicio en el que el trabajo de campo se cerró justo antes de la dana.
La calidad de vida se resiente en zonas urbanas, turísticas y tecnológicamente exigentes. Más españoles viven en situación de vulnerabilidad y el bienestar retrocede. Cuando el deterioro es constante, hay que intervenir.
Víctor Raúl López Ruiz, Catedrático de Universidad en Economía Aplicada (Econometría), Universidad de Castilla-La Mancha; Domingo Nevado Peña, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, Universidad de Castilla-La Mancha; José Luis Alfaro Navarro, Catedrático de Universidad en Economía Aplicada (Estadística), Universidad de Castilla-La Mancha y Nuria Huete Alcocer, Profesora Contratada Doctora, Universidad de Castilla-La Mancha
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
